La Administración no respeta el plazo legal para resolver trámites de extranjeros

Como abogado especializado en extranjería, a menudo me encuentro con la frustración y la incertidumbre que enfrentan los extranjeros en su proceso de regularización. La reciente noticia sobre el incumplimiento de los plazos legales por parte de la Administración para resolver las solicitudes de ‘papeles’ evidencia una problemática que no solo afecta a un número significativo de personas, sino que también toca fibras sensibles en sus vidas y aspiraciones. Detrás de cada expediente hay historias de esfuerzo, esperanza y una búsqueda de un futuro mejor. El retraso en la resolución de estos trámites no solo prolonga la espera, sino que también genera ansiedad y afecta la estabilidad de quienes han depositado su confianza en un sistema que debería proteger sus derechos. En este contexto, es crucial visibilizar y cuestionar estas situaciones para que se tomen medidas que garanticen una gestión más ágil y humana en los procesos de extranjería.

Los tiempos para resolver las solicitudes en las oficinas de extranjería han aumentado de forma alarmante, y muchas de ellas no cumplen con los plazos que establece la normativa legal. Esto está provocando un gran impacto en muchas personas, afectando a cientos de miles que esperan regularizar su situación. Entre las solicitudes más retrasadas se encuentran las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo, que son bastante numerosas, alcanzando alrededor de 100,000 peticiones. Estas autorizaciones son cruciales para aquellos extranjeros que llevan viviendo en España durante dos o tres años y desean regularizarse.

Según la legislación, el periodo máximo para resolver estas solicitudes es de 90 días, pero actualmente, la media a nivel nacional ya supera los 108 días. En Madrid, la situación es aún más crítica; esta oficina, que maneja un elevado número de expedientes, se tarda un promedio de 152 días en procesar las solicitudes, lo que significa que los solicitantes deben lidiar con más de dos meses de espera adicional. En 28 de las 52 oficinas del país, el tiempo promedio de resolución supera la barrera de los 100 días, lo que muestra la magnitud del problema al que se enfrentan muchas personas que buscan una solución a su situación migratoria.

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