No existe una tarifa oficial: los honorarios se pactan libremente entre cliente y abogado (art. 26 del Estatuto General de la Abogacía, RD 135/2021) y los colegios tienen prohibido publicar baremos (art. 14 Ley 2/1974). El precio depende del trámite, de si hay recurso y de lo que incluya el encargo, que deben explicarte por escrito antes de empezar.
Resumen en 30 segundos
- Precio libre: ninguna norma fija cuánto cuesta un arraigo, una renovación o una nacionalidad; cada despacho fija y pacta sus honorarios.
- Por escrito y antes: el abogado debe informarte de honorarios y costes mediante hoja de encargo o medio equivalente (arts. 27 y 48.4 RD 135/2021).
- Las tasas van aparte: se pagan a la Administración, se actualizan por las leyes de presupuestos y no se devuelven por una denegación.
- Abogado de oficio: solo en juicio y, en vía administrativa, en entrada, devolución, expulsión y protección internacional (art. 22 LO 4/2000).
Por qué no hay una tarifa oficial de honorarios
La respuesta corta: la ley deja el precio al acuerdo entre las partes. El art. 26 del RD 135/2021 dice que la cuantía de los honorarios «será libremente convenida» entre el cliente y el profesional, con respeto a las normas deontológicas y a las de competencia. Por eso dos despachos pueden presupuestar el mismo expediente de forma muy distinta sin que ninguno incumpla nada.
Tampoco el Colegio de la Abogacía puede orientarte. El art. 14 de la Ley 2/1974 prohíbe a los colegios establecer baremos orientativos o cualquier recomendación sobre honorarios. La única excepción, su disposición adicional cuarta, les permite elaborar criterios a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas. Si alguien te enseña una «tabla del Colegio» para un arraigo o una renovación, no es una tarifa aplicable a tu encargo.
De qué depende el precio de un trámite de extranjería
Cuando alguien pregunta cuánto cobra un abogado de extranjería, lo útil es saber qué trabajo hay detrás de cada fase. El precio cambia mucho según el expediente esté en una de estas situaciones:
- Estudio previo de viabilidad: revisar tu historial de residencia, antecedentes y documentos para decidir la vía. El abogado debe informarte sobre la viabilidad del asunto (art. 48.3 RD 135/2021).
- Solicitud inicial ante la oficina de extranjería: por ejemplo, uno de los arraigos del reglamento vigente, una residencia de familiar de persona española o una renovación.
- Requerimientos de subsanación: pregunta siempre si contestarlos está incluido o se factura aparte.
- Recurso administrativo: la reposición frente a una denegación es un escrito nuevo, con estudio propio del expediente.
- Recurso contencioso-administrativo: es la fase más costosa, porque implica demanda, prueba y, ante órganos colegiados, también procurador (art. 23.2 Ley 29/1998).
Influyen además la urgencia, el número de familiares incluidos, la documentación que haya que legalizar en el país de origen y si el caso arrastra una denegación anterior. Un expediente de nacionalidad española por residencia bien preparado no exige el mismo trabajo que uno que ya ha recibido un requerimiento o una resolución desfavorable.
Qué debe recoger la hoja de encargo antes de pagar nada
Antes de iniciar su actuación, el abogado tiene que darte la información del art. 48 del Estatuto, «preferentemente mediante la utilización de hojas de encargo» (art. 27.1 RD 135/2021). En la práctica, es el documento que te permite comparar presupuestos con rigor y saber qué pagas exactamente.
| Qué | Qué exige la norma | Por qué te importa |
|---|---|---|
| Identificación | Nombre, NIF, Colegio y número de colegiado, domicilio y contacto, también electrónico (art. 48.1) | Puedes comprobar que quien firma es abogado colegiado |
| Equipo | Identidad de todos los profesionales que intervienen y de quien dirige el asunto (art. 48.2) | Sabes quién responde de tu expediente |
| Viabilidad | Información sobre la viabilidad y vías alternativas (art. 48.3) | Evitas pagar por un trámite sin base |
| Honorarios y costes | Hoja de encargo o medio equivalente; consecuencias de una condena en costas (art. 48.4) | Conoces el precio total y los riesgos económicos de un juicio |
| Seguimiento | Estado del asunto y copia de escritos y resoluciones si la pides (art. 48.5) | Puedes controlar plazos y notificaciones |
Lo que no está en los honorarios: tasas y otros gastos
Las tasas se pagan a la Administración, no al despacho. Sus cuantías están en el anexo de la Orden PJC/617/2025 y aumentan al comienzo de cada ejercicio con lo que fijen las leyes de presupuestos (art. 1.2), así que el importe exacto es el que muestre el modelo oficial el día del pago. Los visados tienen su propia regulación y quedan fuera de esa orden (art. 1.1).
Paga la tasa la persona a cuyo favor se tramita la autorización, salvo en las de trabajo por cuenta ajena, donde el sujeto pasivo es el empleador (art. 3.1). Y si es la empresa quien la abona, no puede exigirte después su importe (art. 3.2). En nacionalidad, la tasa se paga «con independencia del resultado del procedimiento» (DF 7.ª.4 Ley 19/2015): una denegación no la devuelve.
Pide que el presupuesto diga si incluye traducciones, legalizaciones y procurador. Son gastos que el abogado puede repercutir (art. 25 RD 135/2021), pero no deberían aparecer por sorpresa.
¿Es obligatorio contratar un abogado para extranjería?
En vía administrativa, no. El art. 5.1 de la Ley 39/2015 permite actuar por medio de representante, pero no lo impone: puedes presentar tú mismo una solicitud de arraigo, una renovación o una nacionalidad. Lo que aporta un profesional es elegir bien la vía, preparar la prueba y detectar a tiempo un plazo que corre.
En los tribunales cambia la regla. Ante el juzgado de lo contencioso-administrativo la parte debe ir asistida «en todo caso» por abogado (art. 23.1 Ley 29/1998), y ante órganos colegiados, como la Audiencia Nacional en nacionalidad, también representada por procurador (art. 23.2). Si te han denegado un expediente, revisa nuestra página de recursos de extranjería antes de que venzan los plazos.
Cuándo tienes derecho a abogado de oficio
El art. 22.1 de la LO 4/2000 reconoce a los extranjeros que se hallen en España el derecho a asistencia jurídica sin coste en los procesos judiciales en que sean parte, en las mismas condiciones que a los españoles, es decir, acreditando la insuficiencia de recursos.
En la vía administrativa el derecho es más estrecho: el art. 22.2 lo limita a los procedimientos que puedan llevar a la denegación de entrada, la devolución o la expulsión, y a los de protección internacional, con intérprete si no entiendes el idioma. Arraigos, renovaciones, reagrupación o nacionalidad quedan fuera en su fase administrativa: ahí no hay turno de oficio, aunque sí podrá haberlo si el asunto acaba en un contencioso y cumples los requisitos económicos.
Lo que vemos en el despacho
Un patrón que vemos con frecuencia: la persona compara dos presupuestos solo por la cifra y elige el más bajo, que no incluía contestar requerimientos ni preparar el recurso. Cuando llega la denegación, el coste real acaba siendo mayor y, sobre todo, se ha perdido tiempo de plazo. Comparar hojas de encargo con el mismo alcance evita ese problema.
Patrones recurrentes de nuestra práctica, sin datos que permitan identificar a ninguna persona. No describimos expedientes concretos ni anticipamos resultados.
Errores al contratar a un abogado de extranjería
Errores frecuentes que cuestan el expediente
- Aceptar un presupuesto verbal, sin hoja de encargo: no sabes qué incluye y cualquier discrepancia posterior sobre el precio es difícil de resolver
- Confundir honorarios y tasas: el día de presentar descubres un pago a la Administración que no estaba previsto
- Fiarte de quien garantiza el resultado o el plazo: nadie puede asegurar cómo resolverá la Administración ni cuándo; esa promesa no es una señal de calidad
- No comprobar el número de colegiado: puedes acabar pagando por asesoramiento jurídico a alguien que no es abogado
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Cómo comparar presupuestos con criterio
Para saber cuánto cobra un abogado de extranjería en España por tu caso concreto, pide siempre lo mismo a todos: qué fases cubre el precio, si incluye requerimientos y recurso, qué gastos van aparte y quién llevará el expediente. Con esas respuestas por escrito, la comparación tiene sentido. En nuestro equipo de abogados y consultores cada encargo empieza por un estudio de viabilidad y una hoja de encargo con el alcance cerrado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un abogado de extranjería en España por un arraigo?
No hay una cifra oficial: el art. 26 del RD 135/2021 deja los honorarios a la libre negociación y el art. 14 de la Ley 2/1974 impide a los colegios publicar baremos. Depende del trámite, de los familiares incluidos y de si hay requerimientos o recurso. Pide siempre la hoja de encargo antes de empezar.
¿Las tasas están incluidas en los honorarios?
Normalmente no. Las tasas se pagan a la Administración según la Orden PJC/617/2025, se actualizan cada ejercicio con las leyes de presupuestos y, en la autorización de trabajo por cuenta ajena, las paga el empleador. Comprueba en la hoja de encargo qué gastos asume el despacho y cuáles pagas tú.
¿Puedo pedir abogado de oficio para un arraigo o una nacionalidad?
En la fase administrativa, no: el art. 22.2 de la LO 4/2000 limita el abogado de oficio a la denegación de entrada, la devolución, la expulsión y la protección internacional. Si el asunto llega a los tribunales, el art. 22.1 sí la reconoce en las mismas condiciones que a los españoles, acreditando falta de recursos.
¿Me devuelven la tasa de nacionalidad si me la deniegan?
No. La disposición final séptima de la Ley 19/2015 fija como hecho imponible la solicitud y sujeta al interesado al pago con independencia del resultado del procedimiento. Por eso conviene revisar el expediente antes de presentarlo: un error documental puede costarte la tasa y meses de espera.
Sobre la autora
Consultora de extranjería · Sus artículos los revisa un abogado colegiado del despacho
Consultora de extranjería y cofundadora de Es Abogado Extranjería. Graduada en Derecho, con Máster de Acceso a la Abogacía y Máster en Derecho de Inmigración y Extranjería, y doctora en Química (PhD), aporta método investigador al estudio de cada expediente. Lleva más de diez años dedicada a la extranjería y la nacionalidad española: dirige el estudio de viabilidad y la preparación documental de los expedientes y es autora de tres obras jurídicas sobre denegaciones de visado, residencia del progenitor de menor español y examen de nacionalidad.
Fuentes oficiales de este artículo
- Estatuto General de la Abogacía Española, RD 135/2021 (BOE, texto consolidado) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4568)
- Ley 2/1974, de Colegios Profesionales (BOE, texto consolidado) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289)
- LO 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros (BOE, texto consolidado) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544)
Última revisión normativa: 21 de octubre de 2026, contra Ley 2/1974 de Colegios Profesionales (BOE-A-1974-289), art. 14 y DA 4.ª; Estatuto General de la Abogacía, RD 135/2021 (BOE-A-2021-4568), arts. 25, 26, 27 y 48; LO 4/2000 (BOE-A-2000-544), art. 22; Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565), art. 5; Ley 29/1998 (BOE-A-1998-16718), art. 23; Orden PJC/617/2025 (BOE-A-2025-12056), arts. 1 y 3; Ley 19/2015 (BOE-A-2015-7851), DF 7.ª.4. Si la norma cambia, este artículo se actualiza y se vuelve a fechar.