España ha brindado refugio a cerca de 25.000 ucranianos en busca de asilo.

En un mundo marcado por la incertidumbre y el desplazamiento forzado, la respuesta de España ante la crisis humanitaria provocada por el conflicto en Ucrania ha sido notable y digna de reconocimiento. La noticia de que nuestro país ha otorgado protección a cerca de 25.000 refugiados ucranianos no solo destaca el compromiso de España con los derechos humanos, sino que también refleja un profundo sentido de solidaridad y humanidad. En mi práctica como abogado especializado en extranjería, he sido testigo de las historias de valentía y lucha de estas personas que, dejando atrás su hogar y sus seres queridos, han llegado en busca de seguridad y una nueva oportunidad. A través de este esfuerzo colectivo, estamos aprendiendo que la protección de los más vulnerables no es solo una obligación legal, sino un imperativo moral que nos enriquece como sociedad.

España ha activado un sistema administrativo sin precedentes para manejar la situación de los refugiados ucranianos. Hasta ahora, se han otorgado autorizaciones de residencia y trabajo a un total de 24.862 personas que se han visto desplazadas, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, no todo es perfecto. Por ejemplo, en el centro de atención de Madrid se reportó que no había citas disponibles hasta mediados de julio, tal y como se comunicó a través del número oficial designado para ayudar a estos refugiados. Esta espera prolongada significa que muchos de ellos podrían verse obligados a permanecer en un estado irregular, ya que el tiempo permitido de estancia legal sin visado es de 90 días y este plazo lo supera con creces.

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