Los solicitantes de asilo podrán mantener su empleo legal hasta que se resuelva de manera definitiva su solicitud.

En un mundo donde las circunstancias pueden forzar a las personas a dejar sus hogares en busca de un futuro mejor, la ley de extranjería se convierte en una herramienta fundamental para garantizar derechos y oportunidades. Una de las disposiciones más relevantes para los solicitantes de asilo es la posibilidad de trabajar legalmente mientras su solicitud está en trámite y no ha sido denegada de forma firme. Esta medida, además de brindar un alivio económico, permite a los solicitantes contribuir a la sociedad que los acoge, dignificando su proceso y reafirmando su deseo de construir una nueva vida. Comprender estos derechos es esencial, no solo para quienes buscan asilo, sino también para quienes acompañan este viaje, ya que representa un paso hacia la integración y el respeto mutuo en una comunidad diversa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido acoger el criterio del Defensor del Pueblo, tal y como se indicó en un informe reciente. En consecuencia, se han emitido instrucciones para que la Seguridad Social no borre del sistema a aquellos solicitantes de protección internacional que, aunque hayan recibido una denegación de asilo provisional, no cuenten con una resolución definitiva.

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